La realidad de las trabajadoras sexuales entre el estigma, la violencia y la criminalización, y su lucha por dignidad, derechos y condiciones laborales justas en una sociedad que las margina y silencia.

Por Natalia Isidoro-Herrera

Durante siglos, el trabajo sexual ha ocupado un lugar incómodo en la sociedad: tolerado en la práctica, despreciado en el discurso y criminalizado por la ley. Aunque su realidad es diversa y compleja, sigue siendo reducido a un puñado de estereotipos que alimentan la marginación y justifican la violencia. Hoy, en pleno siglo XXI, las trabajadoras sexuales continúan librando una doble batalla: la lucha contra la precariedad económica y la exigencia de un reconocimiento que les devuelva la dignidad negada.

Desde el cine hasta los titulares de prensa, las imágenes se repiten: la mujer rota, el proxeneta violento, el cliente perverso. Todo contribuye a un relato que deshumaniza.

El estigma que todo lo contamina

El imaginario colectivo asocia la prostitución con la degradación moral. Esta idea se ha consolidado gracias a siglos de discursos religiosos, políticas prohibicionistas y narrativas mediáticas que insisten en retratar a las trabajadoras como víctimas sin voz o como amenazas sociales.

A nivel mundial, un estudio de la Organización Mundial de la Salud estima que las trabajadoras sexuales tienen un riesgo de homicidio 17 veces superior al de otras mujeres.

Desde el cine hasta los titulares de prensa, las imágenes se repiten: la mujer rota, el proxeneta violento, el cliente perverso. Todo contribuye a un relato que deshumaniza. Sin embargo, el trabajo sexual no es una realidad monolítica. Incluye a mujeres migrantes que ejercen en la calle, pero también a escorts independientes, performers de burlesque, strippers, actores porno o trabajadoras online. Lo que comparten no es solo el uso del cuerpo como herramienta laboral, sino el desprecio social que lo acompaña.

Violencia estructural y cifras que incomodan

Hablar de trabajo sexual es también hablar de violencia. La criminalización, el estigma y la clandestinidad son factores que multiplican la vulnerabilidad. Según la Federación de Mujeres Progresistas, más del 80% de las trabajadoras sexuales han sufrido algún tipo de violencia física o psicológica. De ellas, alrededor del 30% reporta agresiones sexuales directas por parte de clientes, mientras que un porcentaje aún mayor sufre extorsión, amenazas o acoso. A nivel mundial, un estudio de la Organización Mundial de la Salud estima que las trabajadoras sexuales tienen un riesgo de homicidio 17 veces superior al de otras mujeres. Esta violencia no se limita al ámbito privado: la policía y otros agentes del Estado son a menudo responsables de detenciones arbitrarias, humillaciones y agresiones. Lo más inquietante es la normalización de este maltrato. En muchos casos, las denuncias no se investigan con la misma seriedad que otros delitos, como si el hecho de dedicarse al trabajo sexual quitara valor a sus vidas. El estigma funciona así: convierte a las víctimas en culpables.

Factores de vulnerabilidad y violencia estructural

Las desigualdades económicas son un motor evidente del trabajo sexual, pero no el único. La intersección con el racismo, la xenofobia, la transfobia o el clasismo multiplica el riesgo de exclusión. A menudo, las mujeres migrantes son las más expuestas a controles policiales, multas y agresiones. Mientras tanto, la sociedad se aferra a una doble moral: consume el servicio, pero desprecia a quien lo proporciona. Desde la sociología, este fenómeno puede leerse como una forma extrema de mercantilización del cuerpo dentro de un sistema capitalista que convierte casi todo en producto. Como apuntaba Mark Fisher, vivimos en una época donde el realismo capitalista normaliza la explotación, pero se escandaliza si esa explotación tiene carga sexual. La anomia –la ausencia de normas claras– es otro factor que alimenta la violencia.

Chateauvert advierte que este discurso paternalista alimenta una paradoja cruel: al invisibilizar la capacidad de las trabajadoras sexuales para organizarse y defenderse, se perpetúa la clandestinidad que las expone a más violencia.

En un terreno difuso entre lo legal y lo prohibido, se multiplican los abusos y el desamparo. Las muertes y feminicidios de trabajadoras sexuales raramente provocan la misma indignación que otros casos de violencia machista.

Melinda Chateauvert: repensar el relato de la violencia

La historiadora y activista Melinda Chateauvert, en su libro Sex Workers Unite: A History of the Movement from Stonewall to SlutWalk (2014), cuestiona frontalmente la narrativa que convierte a las trabajadoras sexuales en víctimas pasivas. Según ella, esta visión es funcional al prohibicionismo y a las políticas punitivas. Si la prostitución solo se percibe como violencia inherente, cualquier decisión de las mujeres queda anulada: no hay agencia, no hay voz, no hay posibilidad de reivindicación. Chateauvert advierte que este discurso paternalista alimenta una paradoja cruel: al invisibilizar la capacidad de las trabajadoras sexuales para organizarse y defenderse, se perpetúa la clandestinidad que las expone a más violencia. Además, señala que los Estados abolicionistas no solo fracasan en erradicar la explotación, sino que contribuyen activamente a su perpetuación al perseguirlas en lugar de protegerlas. Para ella, la violencia más dañina no es únicamente la que infligen los proxenetas o algunos clientes, sino la violencia estructural y simbólica que ejercen las políticas que expulsan a las trabajadoras de los espacios públicos, los medios que las retratan como amenaza colectiva y el desprecio social que naturaliza su sufrimiento. A fin de cuentas, la abolición perpetúa la deshumanización de las trabajadoras.

Países que regulan: efectos de un enfoque distinto

Frente al prohibicionismo, algunos países han optado por modelos regulacionistas que reconocen derechos y dignidad laboral. En los Países Bajos, la prostitución está legalizada y regulada desde el año 2000. Las trabajadoras pueden registrarse como autónomas, cotizar y denunciar abusos sin miedo a ser criminalizadas. Esta política ha favorecido un mayor control sanitario, la identificación más efectiva de redes de trata y la reducción de la violencia en los entornos regulados, aunque la estigmatización social sigue siendo un problema persistente. En Alemania, donde la regulación se aprobó en 2002, se reconocen derechos laborales plenos y se permite la firma de contratos, el acceso a la seguridad social y la jubilación. Allí, muchas trabajadoras valoran la posibilidad de cotizar y tener prestaciones sociales, así como entornos laborales más seguros gracias a las inspecciones y a la supervisión de las condiciones de trabajo. Nueva Zelanda dio un paso más radical en 2003 al despenalizar completamente el trabajo sexual mediante la Prostitution Reform Act. Según estudios del propio Ministerio de Justicia, la mayoría de trabajadoras consideran que, desde la reforma, se sienten más seguras, tienen más autonomía para negociar condiciones y pueden acudir a la policía sin temor a ser perseguidas. En Australia, concretamente en el estado de Nueva Gales del Sur, la despenalización ha supuesto también mejoras significativas en salud pública, prevención de enfermedades y reducción de la violencia policial. Aunque estos modelos no están exentos de críticas y desafíos, evidencian que regular o despenalizar puede mitigar la clandestinidad y empoderar a quienes ejercen la prostitución, en lugar de condenarlas al silencio.

La necesidad de otro relato

Si algo ha demostrado el activismo de colectivos como OTRAS o Aprosex es que la estigmatización no es inevitable. La emergencia de voces propias en redes sociales y medios alternativos ha permitido visibilizar la diversidad de experiencias y la urgencia de políticas que partan de la escucha. La despenalización y la regulación con enfoque de derechos humanos no implican negar la existencia de explotación. Al contrario, son herramientas para combatirla sin castigar a quienes ejercen por necesidad o por elección. Aceptar esta complejidad es incómodo porque obliga a cuestionar certezas morales y prejuicios enquistados. Quizá por eso el trabajo sexual incomoda tanto: pone delante de nuestros ojos una contradicción esencial de nuestro sistema económico y cultural. Nos recuerda que la dignidad no debería depender de cuánto encaje un trabajo en la escala moral dominante.

¿Es radical pedir derechos? Abolición y clandestinidad

Al final, la pregunta es sencilla: ¿merecen las trabajadoras sexuales los mismos derechos que cualquier otra persona? ¿O vamos a seguir permitiendo que el estigma justifique la violencia y la exclusión? Es fácil condenar el trabajo sexual desde la comodidad de quien no necesita elegir entre comer y exponerse al riesgo. Es más difícil escuchar a quienes lo ejercen y asumir que, más allá de nuestras opiniones, la prioridad debería ser garantizar su integridad y su autonomía.

Así como la prohibición del consumo de estupefacientes no ha eliminado el tráfico ni ha reducido el daño social, la criminalización del trabajo sexual no ha erradicado la prostitución ni ha protegido a las mujeres implicadas. Más bien, ha favorecido la invisibilidad y la precariedad, dificultando la labor de quienes buscan defender sus derechos.

La apuesta por la abolición del trabajo sexual, entendida como la penalización del cliente y, en muchos casos, la criminalización indirecta de las propias trabajadoras, pretende erradicar la práctica bajo la premisa de proteger a las mujeres de la explotación. Sin embargo, la experiencia histórica y social demuestra que esta estrategia no solo es ineficaz, sino que puede agravar la situación de quienes ejercen este trabajo.

¿Qué ocurre realmente con las mujeres que se dedican al trabajo sexual cuando se impulsa la abolición? La respuesta es clara: muchas se ven empujadas aún más a la clandestinidad. La penalización del cliente no elimina la demanda, solo la oculta. Esto hace que las condiciones de trabajo sean más inseguras, dificultando el acceso a derechos, protección legal y servicios sanitarios. En vez de proteger, se vulnera aún más su integridad física y emocional.

¿A quién se penaliza realmente? En la práctica, aunque la ley apunta al cliente, las trabajadoras sexuales sufren las consecuencias más duras: persecución policial, detenciones arbitrarias, estigmatización y falta de apoyo estatal. La criminalización indirecta mantiene la sombra del delito sobre ellas, dificultando su visibilidad y defensa. No se trata de protegerlas, sino de controlarlas, lo que perpetúa un ciclo de exclusión y violencia.

¿Es esta una solución definitiva? El tiempo y la historia responden con un rotundo no. Así como la prohibición del consumo de estupefacientes no ha eliminado el tráfico ni ha reducido el daño social, la criminalización del trabajo sexual no ha erradicado la prostitución ni ha protegido a las mujeres implicadas. Más bien, ha favorecido la invisibilidad y la precariedad, dificultando la labor de quienes buscan defender sus derechos.

Un ejemplo claro lo ofrece la “Ley Seca” en Estados Unidos, que solo benefició a contrabandistas y redes corruptas, mientras el consumo continuó en la clandestinidad. Penalizar no solo fracasa en su objetivo, sino que genera efectos colaterales dañinos. De manera similar, la abolición del trabajo sexual no ha hecho más que fortalecer las redes ilícitas y aumentar el riesgo para las trabajadoras.

Por todo ello, es fundamental repensar las políticas públicas y abandonar la falsa idea de que la prohibición es la solución. La regulación y la despenalización, con un enfoque basado en derechos humanos, se presentan como alternativas que priorizan la seguridad, la autonomía y la dignidad de las trabajadoras sexuales, en lugar de condenarlas a la marginalidad y la violencia.

Porque ningún trabajo debería ser sinónimo de deshumanización.

Porque ningún cuerpo merece vivir sin derechos.