_{^{Manuela Moreno Salcedo}}

La intervención de Estados Unidos en Venezuela es un tema demasiado complejo como para reducirlo a consignas fáciles como “petróleo”, “Maduro” o “izquierda versus derecha”. Quienes han leído e investigado mínimamente el tema saben que muchos venezolanos y latinoamericanos despreciamos a Donald Trump tanto como él nos desprecia a nosotros. Esa animadversión no desaparece porque hoy sea él quien haya decidido actuar en Venezuela.

Y, sin embargo —aquí empieza la contradicción—, el hecho de que haya sido Trump quien haya terminado interviniendo, y no las organizaciones internacionales ni las supuestas potencias defensoras del derecho internacional, dice mucho más del desgaste profundo de ese sistema que de cualquier mérito del mandatario estadounidense. Trump no es un salvador, no lo ha sido ni lo será. Pero durante años, nadie más hizo nada.

He leído a muchos venezolanos, y latinoamericanos en general, decir que “a nadie le importó Venezuela” hasta que intervino Estados Unidos. Eso no es cierto. Llevo años siguiendo periodistas, activistas y organizaciones que han denunciado la situación del país sin recibir respuestas reales ni acciones eficaces. Lo que cambia ahora no es la gravedad del problema, sino quién decidió actuar y desde dónde.

También se ha instalado otro argumento inquietante: que solo quienes viven en Venezuela tienen derecho a opinar sobre lo que ocurre allí. Ese discurso no solo es falso, sino peligroso. Venezuela no existe en el vacío. Sus vecinos latinoamericanos no viven precisamente en Suiza, aunque no estén bajo una dictadura formal. Millones han recibido migración forzada, han sufrido el impacto económico y social del colapso venezolano y comparten una historia regional marcada por intervenciones, autoritarismos y desigualdad. Silenciar esas voces no es respeto por la soberanía: es cerrar el debate y anular la solidaridad regional.

Los venezolanos están en todo su derecho de celebrar cualquier acción que debilite a Maduro. Después de años de represión, exilio y miseria, nadie desde fuera puede dictar cómo debe procesarse ese alivio. Pero quienes conocemos la historia de las intervenciones estadounidenses, y el desastre que han dejado en tantos países, también estamos en nuestro derecho de cuestionar esa intervención, más aún cuando se produce bajo el liderazgo de una figura tan autoritaria, ignorante y peligrosa como Trump. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, aunque incomode admitirlo.

Aquí es donde el discurso del derecho internacional se vuelve profundamente incómodo. Mientras se invocan la soberanía, la legalidad y los procesos multilaterales, cabe preguntarse: ¿dónde estuvo durante todos estos años el derecho de los venezolanos a elegir libremente a sus gobernantes? ¿Dónde estuvieron la ONU, la Unión Europea y los grandes organismos cuando el autoritarismo se consolidaba sin freno? La respuesta es evidente: estuvieron, pero no actuaron.

El problema es que estas instituciones se han ido desgastando hasta volverse, en muchos casos, simbólicas, lentas o irrelevantes frente a crisis reales. Ese vacío lo terminan ocupando potencias como Estados Unidos, que nunca interviene por altruismo, sino por conveniencia. Deja a los dictadores que le sirven y reemplaza a los que no por regímenes más funcionales a sus intereses. Y sí, Rusia y China hacen exactamente lo mismo, pero criticar solo a unos u otros según el bando ideológico no es coherencia política, es hipocresía.

Y no se nos olvide algo más: a Estados Unidos y a buena parte de la derecha internacional les viene fenomenal que Cuba y Venezuela estén como están. No solo por razones geopolíticas, sino porque funcionan como espantajos políticos. Cada vez que en un país vecino asoma la posibilidad de reformas sociales o de cierto progreso, aparece el mismo chantaje discursivo: “nos vamos a convertir en Cuba o en Venezuela”. En Colombia, por ejemplo, ese argumento ha sido central para desacreditar al gobierno de Gustavo Petro. Esta narrativa no busca defender la democracia, sino bloquear cualquier alternativa que cuestione el statu quo.

Conviene además ser precisos: hasta ahora, lo que se ha debilitado no es la dictadura venezolana como sistema, sino al dictador. El aparato de poder, las fuerzas armadas, las estructuras económicas y el control institucional siguen en gran medida intactos. No es lo mismo descabezar a un líder que desmontar un régimen. Confundir ambas cosas puede llevar a falsas expectativas y a nuevas frustraciones.

Ante el auge renovado del colonialismo territorial —porque el económico nunca desapareció—, es urgente reconocer que el sistema internacional está fallando. Pero también recordar por qué nació: porque en algún momento sí logró garantizar cierta estabilidad, evitar conflictos mayores y defender procesos democráticos, con todas sus imperfecciones.

Si ese sistema no se reforma y revitaliza, la alternativa no será un mundo más justo. Será uno en el que las grandes potencias intervengan a su antojo en países soberanos, decidiendo quién gobierna y bajo qué condiciones. Y eso, por más que hoy debilite a un dictador, no es una solución real para Venezuela ni para ningún otro país.

Venezuela no es un dilema entre izquierda y derecha, sino una crisis sin salidas limpias. Sin presión multilateral efectiva, garantías electorales reales y reconstrucción institucional, cualquier “solución” seguirá siendo parcial o ilusoria.